Usura ha vuelto con más fuerza a Loja

A pesar que es un delito la usura, muchos ciudadanos se dedican a esta actividad ilícita. Hay quienes por tratar de reactivar sus negocios adquieren créditos debido a lo engorroso de trámites en las entidades financieras.

Situación

La llegada de la COVID-19 al país y con ella las restricciones provocó que negocios casi terminen en la quiebra debido al cierre de los locales por más de tres meses, lo cual impidió el ingreso de recursos.

Erika (nombre protegido) contó a Diario Crónica que tras la autorización del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional abrió su negocio de venta de ropa y calzado ubicado en el centro de la ciudad. Sin embargo, no pudo acceder a un crédito porque las entidades financieras no estaban ofreciendo y las deudas se acumularon como: pago de servicios básicos, arriendo de su local comercial y de su casa, el pago de otras cuotas en el banco.

Desesperada por la situación, junto con su esposo decidieron solicitar USD 3000 a un prestamista, quien le ofreció dinero por 12 meses. Ese préstamo sería su peor error, ya que tenía que pagar diariamente USD 10, pero cuando empezó a dar las cuotas el valor incrementó a USD 15.

“La necesidad me hizo recurrir al ‘chulquero’, pero ahora me arrepiento de lo que hice. Estaba desesperada porque nadie facilitaba dinero y no vendía nada”. Tras no pagar 5 cuotas diarias porque está delicada de salud, le llaman a diario o la visitan en su negocio para exigir el pago, como ella no está, le dejan recados con la ayudante. Ha denunciado el caso en la Fiscalía.

Casos

En la Policía se sabe que, desde junio los grupos dedicados a la usura se activaron con fuerza en el país y que apuntan, especialmente, a pequeños comerciantes que necesitan reactivar sus negocios.

Un oficial de Policía dijo que, la mayoría no denuncia por temor a represalias tanto contra su integridad o la de su familia. De todas maneras, pidió no dejarse intimidar y denunciar en Fiscalía o a la Policía estos hechos ilegales.

El Código Orgánico Integral Penal (COIP) en su artículo 309 menciona que: la persona que otorgue un préstamo directa o indirectamente y estipule un interés mayor que el permitido por ley, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años.

Por su parte, un jurista en libre ejercicio indicó que “no hay una cifra de cuantas personas, tras la apertura de sus actividades están en esta situación, pero creo que fácilmente sobrepasan las 100, el inconveniente es que no hay denuncias de los afectados y las autoridades no pueden actuar”, dijo.(I).(FJC).

Tomado de Diario CRÒNICA/Loja

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